[Actualización] Rusia refina su derecho al olvido
Las primeras informaciones acerca de la intención de Rusia de adoptar el derecho al olvido a su reglamento en materia de protección de datos apuntaban a una normativa similar a la derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el “caso Costeja» pero con algunos matices (lee aquí qué es el derecho al olvido y qué dice la sentencia del TJUE). Unos matices que han sido muy criticados tanto por la oposición al gobierno encabezado por Vladimir Putin como por los propios responsables motores de búsqueda.
Según este primer borrador, se permitía que los ciudadanos rusos denunciaran una información perjudicial para su reputación online o que atentara contra sus derechos fundamentales sin necesidad de especificar ningún enlace concreto. Una diferencia con respecto a las solicitudes que Google, Bing y el resto de buscadores ponen a disposición de los ciudadanos europeos para ejercer su derecho y que otorga a la norma un alcance mucho mayor que en el resto de países de la UE.
Ante la dimensión que podría adquirir la norma de aplicarse de tal manera, todos los actores implicados (oposición, buscadores e, incluso, ciudadanos) han presionado para su modificación. Una presión que ha tenido su efecto ya que las autoridades responsables de la protección de datos en el país han modificado este borrador.
En esta segunda versión, el derecho al olvido planteado por el gobierno ruso se asemeja mucho más a la norma tal y como se conoce en Europa ()exigiendo que los usuarios proporcionen información acerca de los enlaces que desean eliminar.
[Noticia original]
El derecho al olvido sigue saltando fronteras. El último país en plantear la aplicación de esta norma es Rusia. La publicación británica The Register ha dado los primeros detalles acerca de la noticia.
Según se ha publicado, las autoridades rusas han decidido imitar a los países de la Unión Europea y adoptarán las medidas necesarias para la promulgación de una doctrina similar al derecho al olvido de manera similar a lo entendido por las autoridades europeas en materia de protección de datos.
La sentencia del TJUE como ejemplo
Las autoridades rusas tomarán como base la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Costeja para desarrollar esta norma aunque han solicitado más información para conocer de manera más certera los criterios que utiliza Google para decidir sobre cada petición. El gigante online trata de aplicar la norma de la manera más transparente posible, con la publicación de las estadísticas sobre solicitudes o las conclusiones de su comité asesor, por ejemplo, a pesar de lo cual aún existen importantes sombras en la toma de decisiones.
Igor Shchyogolev, asesor personal del presidente Vladimir Putin, ha confirmado que esta doctrina entrará en vigor el próximo 1 de Enero de 2016 (si la planificación no sufre retrasos) afirmando que “los ciudadanos rusos deben disponer del derecho al olvido”. El responsable del gobierno de las comunicaciones estatales será el encargado de la aplicación de este derecho al olvido en Internet siendo un organismo que ya que cuenta con una amplia capacidad de censura en cuanto a la información y servicios online en el caso de que se consideren inapropiados.
La adopción por parte de Rusia de este derecho no será algo que pase desapercibido para las voces más críticas con la aplicación del mismo por lo que cabe esperar que surjan dudas sobre los criterios que pueda utilizar el responsable de supervisar su aplicación. Por ahora, los responsables de Google no han manifestado ninguna opinión acerca de si acatará o no la aplicación de la norma en este país. Eso sí, en los casos anteriores la compañía siempre ha mostrado una gran predisposición para aceptar las legislaciones locales y ha cumplir con lo que dictamine la justicia.
Derecho al olvido: ampliando fronteras
Desde la publicación de la sentencia del TJUE en Mayo de 2014, Google ha entendido que la aplicación de esta normativa se limita solo a Europa a pesar de que se tienen conocimiento de varios casos en países ajenos a la Unión Europea: Argentina, Japón, México…Este anuncio proveniente de Rusia sería un nuevo golpe a esta política del gigante de Internet y va más en consonancia con lo pedido por las autoridades europeas: su aplicación a nivel global.
Las solicitudes siguen en aumento
Tras más de trece meses con esta doctrina en vigor, Google ha recibido en Europa un total de casi 280.000 solicitudes donde se pide la eliminación de más de 1.000.000 URLs (de los cuales se han bloqueado el 41.3%). Un volumen más que notable y que no deja dudas del interés despertado por la aplicación de la polémica norma. Unas cifras abocadas a seguir engordando toda vez que más países se interesan en la adopción de este derecho.