La normativa europea conocida como Derecho al olvido y derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de Mayo tras el «caso Costreja» sigue en pleno debate. Por un lado, los defensores de la privacidad justifican este derecho argumentando que simplemente limita la visibilidad de información personal mientras que por otro lado, los opositores a la misma creen que coarta la libertad de expresión y podría conllevar un borrado histórico.

Una polémica que avanza de manera paralela a como lo hace el propio derecho al olvido.

Durante las últimas fechas, y aprovechando los encuentros organizados por Google en ciudades como Madrid o Roma, hemos podido conocer que Google habría recibido unas 120.000 peticiones asociadas al derecho al olvido de las cuales, cerca de un 30% son rechazadas.

Google anunció tres motivos por los que se pueden rechazar dichas peticiones: que se refieran a aun personaje público, que traten de un asunto de corrupción política o financiera o que tengan relación con una información vigente y actual.

Europa se prepara para las apelaciones.

Los reguladores europeos encargados de la privacidad y la protección de datos ya trabajan en las líneas a seguir para tratar las apelaciones sobre las peticiones de borrado de información que Google, o cualquier otro motor de búsqueda, rechace.

La intención expresada por este grupo de trabajo es la de establecer un mecanismo claro que permite a los ciudadanos europeos a ejercer su derecho al olvido, contando con un sistema de apelaciones en caso de rechazo. Unas normas que se espera puedan estar listas para finales del próximo mes de Noviembre.

Según se ha podido conocer ya, la intención es la de organizar los diferentes tipos de apelaciones en categorías de manera que las autoridades puedan actuar con una mayor rapidez y eficacia en el caso de una petición de eliminación de resultados en los buscadores de Internet.

Los organismos reguladores ya trabajan en un borrador de esta guía que permita aclarar en el menor tiempo posible los factores valorados como Google como motivos de rechazo ante una petición sobre el derecho al olvido, es decir, el componente público de la persona, si la información se refiere a un delito y la antiguedad de la misma.