El derecho al olvido puede convertirse en un arma de utilidad en la lucha “anti-troll” en Internet. Cualquier ciudadano pude ser víctima de una campaña de desprestigio en la Red, y es entonces cuando se hace necesario contar con herramientas con las que poder proteger su privacidad y reputación online.

La normativa europea parece que se podría convertir en una de estas utilidades a tenor de varios ejemplos que ya se han producido y que han salido a la luz alguno de los cuales ya hemos comentado en nuestra sección de noticias. 

Derecho al olvido vs. campañas de desprestigio

Un claro ejemplo de lo comentado ocurrió hace unos meses en Reino Unido. Un ex-trabajador del banco Morgan Stanley consiguió que Google eliminara ciertos enlaces que apuntaban a informaciones “maliciosas” sobre su persona colgadas en distintos sitios de Internet de manera anónima.

Durante años, este ciudadano británico fue víctima de una importante campaña de desprestigio encontrándose más de 3.500 sitios donde se le acusaba de haber cometido delitos tan variados y graves como asesinatos, actos de pederastia o pertenecer a organizaciones racistas como Ku Klux Klan.

En este caso en particular, los abogados de este ex-trabajador de la entidad financiera Morgan Stanley decidieron recurrir al derecho al olvido en Internet como un mecanismo en la defensa de la reputación online de su representado. Intentar conseguir la eliminación de todo este contenido de cualquier otra forma se habría convertido en un proceso demasiado largo, costoso e ineficaz según los propios abogados.

Derecho al olvido vs. reseñas negativas

Mucho más complejo y polémico es otro de los ejemplos en los que el derecho al olvido (o algo parecido a esta norma) se ha utilizado como medida de protección ante un caso de ataque contra la reputación en Internet.

El caso ocurrió en Japón y, además, la campaña de desprestigio no la sufrió una persona física sino una clínica médica. De ahí, que hablar de derecho al olvido tal y como lo entendemos en Europa resulta complicado aunque el caso sí que guarda grandes similitudes con los casos tipo (con las salvedades mencionadas).

Un médico inició una demanda ante la justicia japonesa para conseguir que Google Japón eliminara de sus páginas de resultados determinados enlaces que apuntaban a reseñas negativas contra un centro médico. La Corte del Distrito de Chiba admitió la denuncia y obligó al gigante de Internet a eliminar dichos resultados si bien es cierto que Google apeló tal sentencia (lee aquí la noticia completa).

Bien es cierto que, este caso en Japón parece algo excepcional ya que, tal y como recoge tanto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa en el conocido como “caso Costeja” como las propias directrices europeas para la correcta aplicación del derecho al olvido solo personalidades físicas pueden acogerse a este derecho.

Derecho al olvido vs. falsas acusaciones y acoso

En Colombia no existe la figura del derecho al olvido en su reglamento sobre protección de datos. Aunque el debate sobre la adopción de esta norma está sobre la mesa, no es algo a lo que los ciudadanos de este país puedan acogerse algo que sin duda, lamenta una persona que vive una complicada situación personal y laboral por una aparente falsa acusación de plagio.

Hace un tiempo, una chica fue acusada (anónimamente) de haber plagiado su tesis, una acusación a la que no dió mucha importancia en su momento. El problema para esta persona es que, algunos sitios de Internet se hicieron eco de dicha acusación y ahora, al buscar su nombre en Google, los primeros resultados que aparecen tienen que ver con ese hecho y con otros comentarios ofensivos hacia su persona. Unas informaciones que le están perjudicando en el desarrollo de su vida profesional y que también afectan a su vida personal ya que, de una acusación de supuesto plagio la historia giró a una campaña de desprestigio más importante.

Esta persona no se siente protegida por las leyes de protección de datos colombianas y quién sabe, si este caso sirve para impulsar de manera definitiva la adopción de esta norma en el país siendo algo similar a lo que supuso el «caso Costeja» en Europa.