Hace varios días, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), informó acerca del primer caso relacionado con el derecho al olvido en México. Un caso que sienta precedente y que ha abierto un intenso debate sobre la aplicación de esta doctrina.

Tras este primer caso, fuentes del organismo responsable de la protección de datos en el país centroamericano han confirmado otras 18 solicitudes similares. Y es que, el derecho al olvido se ha convertido en uno de los temas más debatidos durante estos días en México donde han surgido propuestas totalmente contrarias entre partidarios de esta doctrina y personas que la califican de mecanismo censor. Una polémica similar a la que se vive en la Unión Europea.

Óscar Guerra Ford, comisionado de IFAI, ha confirmado estas nuevas peticiones y que si en un plazo de varias semanas Google México no atiende estas solicitudes, las autoridades abrirán una investigación. De confirmarse que los datos publicados atentan contra la privacidad de los denunciantes o dichas informaciones se corresponden con datos personales publicados sin consentimiento, el buscador deberá suprimir los enlaces de sus páginas de resultados. En caso de no hacerlo, el organismo regulador abrirá un recurso de sanción cuyo importe pude alcanzar hasta un 10% de los ingresos anuales de Google México.

Guerra Ford ha querido dejar claro que, el objetivo último perseguido con la adopción del derecho al olvido es el de delimitar los derechos individuales y proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos. La argumentación utilizada por parte del IFAI intenta seguir el mismo patrón que el marcado por las autoridades europeas en todo lo que respecta a este tema.

Por ejemplo, el comisionado de IFAI quiso dejar claro que con el derecho al olvido no se pretende censurar la información sino ofrecer a los ciudadanos una nueva herramienta con la que proteger su privacidad en Internet uno de los principios remarcados tanto por las directrices publicadas por el GT29 como por la sentencia de la Audiencia Nacional en España.  En sus declaraciones Óscar Guerra Ford también mencionó que esta norma no busca «bloquear los discursos políticos» ni ocultar otros hechos negativos o embarazosos publicados sobre los burócratas.

Movimiento crítico con el derecho al olvido

Si bien es demasiado pronto para conocer cómo se aplica esta doctrina y si realmente respeta su valor esencial de proteger la intimidad y privacidad de los ciudadanos, en México no han tardado en aparecer las voces críticas.

Profesionales del derecho ponen en tela de juicio la interpretación que el organismo regulador de la protección de datos ha hecho de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Dos de las críticas más recurrentes hacen referencia al tipo de contenidos que se podrían eliminar de las páginas de resultados de Google. Se teme que, por ejemplo, políticos o delincuentes encuentren en el derecho al olvido un resquicio con el que borrar sus antecedentes en Internet y que con el pretexto de la protección de datos personales se coarte la libertad de información.

La segunda de las críticas reside en la sanción económica con la que IFAI amenza a Google en el caso de no atender la solicitudes ya que el temor a la misma podría condicionar la decisión final sobre una solicitud en concreto.

El derecho al olvido fuera de Europa

Estos primeros casos relacionados con la norma derivada del «caso Costeja« vuelve a poner de manifiesto el interés de su aplicación fuera de las fronteras europeas. Desde hace meses se viene debatiendo si el derecho al olvido es solo cosa de Europa pero el debate abierto en México y otros países latinos como Argentina o Chile indica que su aplicación también interesa fuera de la Unión Europea.

En unas de sus últimas declaraciones, David Drummond, jefe de asuntos jurídicos de Google, manifestó que el gigante de Mountain View no ha modificado sus criterios de aplicación de esta doctrina restringiendo la misma al territorio europeo aunque dejó abierta la posibilidad de un replanteamiento en estos criterios por parte del comité de expertos que asesora a la compañía en cuestiones relacionadas con el derecho al olvido.